El servidor público que desempeña un empleo, cargo, comisión o función, conduce su actuación con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, objetividad, profesionalismo, disciplina, integridad, transparencia, rendición de cuentas, equidad, eficacia y valores de cooperación, responsabilidad y respeto, con una clara orientación al interés público.